DESARROLLO:
A
lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la mayor parte de los países de
Europa occidental, la llamada Cuestión social expresada en la presión política
de los movimientos sociales , especialmente los obreros , impulso a los
gobiernos a adaptar la legislación sobre la condición social de la clase
trabajadora y el trabajo , legislación que fue progresivamente modificada. La
mayor parte de estas medidas fueron puntuales y de alcance mínimo con
características que dependen tanto de la historia como de las circunstancias
político-sociales de cada país. Sin embargo es posible notar un movimiento hacia
servicios incrementalmente más comprensivo.
México
ha implantado desde siempre el Estado de Bienestar; en la constitución se
escriben los “derechos sociales”: Educación gratuita, salud, vivienda, trabajo,
cultura y también ha implantado nacionalizaciones de industrias “estratégicas”
como lo son las de energía más todos los “institutos”, “comisiones” “consejos”
que proliferan por doquier, como consecuencia de la implantación del Estado de
Bienestar y las paraestatales se ha creado una masa burocrática
colosal.
En
efecto el Estado mexicano es el empleador más importante del país contrario a lo
que se difunde el número de burócratas siempre va en aumento año con año,
sexenio tras sexenio. Es un ejercito de 3 millones y medio de personas pero si
se suman los trabajadores que ocupan los gobiernos estatales y municipales
alcanza los 8 millones de personas. Y si además se suman los de las empresas
paraestatales tendremos una cifra cercana a los 9 millones de personas esto es
para decirlo rápido el 24% de la población económica del país. Tan
sólo en la administración pública Federal se tiene un ejército de 3 millones 441
mil 317 mexicanos. Sus filas están nutridas de profesores, militares, médicos,
enfermeras, policías, y toda clase de profesionistas. En suma, representan una
fuerza laboral que alcanza el 9 por ciento de la población económicamente activa
del país.
Todos
estos burócratas pertenecen a sindicatos “aguerridos” notoriamente el SNTE, el
SME de la extinguida LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CLF, el SUTERM, el STPRM, los
sindicatos de las universidades públicas, etc. Que año con año, ensanchan sus
“conquistas laborales” con cargo al “patrón” que da la “casualidad” que el
“patrón”, somos todos los mexicanos que tenemos que mantener y darles sus
canonjías y prebendas a todos estos parásitos de la economía.
lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la mayor parte de los países de
Europa occidental, la llamada Cuestión social expresada en la presión política
de los movimientos sociales , especialmente los obreros , impulso a los
gobiernos a adaptar la legislación sobre la condición social de la clase
trabajadora y el trabajo , legislación que fue progresivamente modificada. La
mayor parte de estas medidas fueron puntuales y de alcance mínimo con
características que dependen tanto de la historia como de las circunstancias
político-sociales de cada país. Sin embargo es posible notar un movimiento hacia
servicios incrementalmente más comprensivo.
México
ha implantado desde siempre el Estado de Bienestar; en la constitución se
escriben los “derechos sociales”: Educación gratuita, salud, vivienda, trabajo,
cultura y también ha implantado nacionalizaciones de industrias “estratégicas”
como lo son las de energía más todos los “institutos”, “comisiones” “consejos”
que proliferan por doquier, como consecuencia de la implantación del Estado de
Bienestar y las paraestatales se ha creado una masa burocrática
colosal.
En
efecto el Estado mexicano es el empleador más importante del país contrario a lo
que se difunde el número de burócratas siempre va en aumento año con año,
sexenio tras sexenio. Es un ejercito de 3 millones y medio de personas pero si
se suman los trabajadores que ocupan los gobiernos estatales y municipales
alcanza los 8 millones de personas. Y si además se suman los de las empresas
paraestatales tendremos una cifra cercana a los 9 millones de personas esto es
para decirlo rápido el 24% de la población económica del país. Tan
sólo en la administración pública Federal se tiene un ejército de 3 millones 441
mil 317 mexicanos. Sus filas están nutridas de profesores, militares, médicos,
enfermeras, policías, y toda clase de profesionistas. En suma, representan una
fuerza laboral que alcanza el 9 por ciento de la población económicamente activa
del país.
Todos
estos burócratas pertenecen a sindicatos “aguerridos” notoriamente el SNTE, el
SME de la extinguida LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CLF, el SUTERM, el STPRM, los
sindicatos de las universidades públicas, etc. Que año con año, ensanchan sus
“conquistas laborales” con cargo al “patrón” que da la “casualidad” que el
“patrón”, somos todos los mexicanos que tenemos que mantener y darles sus
canonjías y prebendas a todos estos parásitos de la economía.
Este
modelo funcionó en los países occidentales, hasta que entra en crisis en los
años 70 cuando empiezan a fallar algunos de los supuestos sobre los que se
sustentaba. Caen los beneficios empresariales y los procesos de acumulación de
capital disminuyen el ritmo de crecimiento que habían alcanzado en décadas
anteriores ante la incapacidad del Estado para poder mantener e impulsar la
producción de un mercado nacional, cada vez más condicionado por la
globalización que requiere un mayor volumen de recursos para poder incidir en el
mismo. Se produce una nueva situación demográfica por la caída de la natalidad y
el incremento de la esperanza de vida, que supone un envejecimiento de la
población con la siguiente repercusión en el incremento de los gastos de
protección social y de carácter asistencial. Llega un momento en que el Estado
no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a las exigencias
ciudadanas y empresariales, debido a su crisis financiera. Durante un cierto
periodo el Estado había incrementado progresivamente los servicios que ofrecía a
la sociedad, creando expectativas de mayores servicios a la población, hasta que
es incapaz de hacerlo sin aumentar los impuestos. Al principio, una elevación de
impuestos no es del todo mal recibida ya que se compensa con más prestaciones,
pero llega un momento en que el ciudadano considera insoportable la presión
fiscal, apareciendo la resistencia a nuevas subidas de las tasas.Ante
esta situación de ineficacia al Estado solo le queda reducir la sobrecarga de
servicios que proporciona, desviando el máximo posible al campo del mercado,
desmontando los servicios públicos y restaurando los mecanismos de libre
competencia. Sin embargo, los diferentes grupos sociales realizan constantemente
peticiones a los Estados de nuevos servicios de un modo ilimitado.
Se
produce una deslegitimación del orden político establecido, ya que el Estado
deja de responder a las expectativas y demandas de los distintos grupos de
presión, y de la población en general. Por ello, el libre mercado se convierte
en el eje del funcionamiento de la economía neoliberal de final de siglo, lo que
conlleva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido reduciendo a aquellos
sectores de productividad menos rentables que están relacionados con la
protección social y asistencial, o con la prestación de determinados servicios
ciudadanos que no interesan por la escasa o nula rentabilidad a la iniciativa
privada. Se ha iniciado un proceso de reestructuración o eliminación del Estado
del bienestar
.La
crisis aparece también en nuestro país,
aunque llega más tarde ya que
hasta la década de los 80
no existía un auténtico Estado del bienestar. Esto se puede observar en la
evolución de la ratio deuda pública-PIB que se duplicó en las dos últimas
décadas, siendo hoy cerca del 50%. Actualmente se pueden apreciar los efectos de
la crisis siendo “el
gasto social en España sólo un 20,6% del PIB (el promedio de la UE es un 27%),
porcentaje que ha ido disminuyendo desde 1993, cuando era un 24%. Este descenso
del porcentaje del PIB que se dedica al Estado del bienestar ha sido
consecuencia de un mayor crecimiento económico, con un crecimiento más rápido
del PIB, y también de un descenso de la tasa de paro, con lo cual ha habido una
disminución del seguro público de desempleo”
modelo funcionó en los países occidentales, hasta que entra en crisis en los
años 70 cuando empiezan a fallar algunos de los supuestos sobre los que se
sustentaba. Caen los beneficios empresariales y los procesos de acumulación de
capital disminuyen el ritmo de crecimiento que habían alcanzado en décadas
anteriores ante la incapacidad del Estado para poder mantener e impulsar la
producción de un mercado nacional, cada vez más condicionado por la
globalización que requiere un mayor volumen de recursos para poder incidir en el
mismo. Se produce una nueva situación demográfica por la caída de la natalidad y
el incremento de la esperanza de vida, que supone un envejecimiento de la
población con la siguiente repercusión en el incremento de los gastos de
protección social y de carácter asistencial. Llega un momento en que el Estado
no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a las exigencias
ciudadanas y empresariales, debido a su crisis financiera. Durante un cierto
periodo el Estado había incrementado progresivamente los servicios que ofrecía a
la sociedad, creando expectativas de mayores servicios a la población, hasta que
es incapaz de hacerlo sin aumentar los impuestos. Al principio, una elevación de
impuestos no es del todo mal recibida ya que se compensa con más prestaciones,
pero llega un momento en que el ciudadano considera insoportable la presión
fiscal, apareciendo la resistencia a nuevas subidas de las tasas.Ante
esta situación de ineficacia al Estado solo le queda reducir la sobrecarga de
servicios que proporciona, desviando el máximo posible al campo del mercado,
desmontando los servicios públicos y restaurando los mecanismos de libre
competencia. Sin embargo, los diferentes grupos sociales realizan constantemente
peticiones a los Estados de nuevos servicios de un modo ilimitado.
Se
produce una deslegitimación del orden político establecido, ya que el Estado
deja de responder a las expectativas y demandas de los distintos grupos de
presión, y de la población en general. Por ello, el libre mercado se convierte
en el eje del funcionamiento de la economía neoliberal de final de siglo, lo que
conlleva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido reduciendo a aquellos
sectores de productividad menos rentables que están relacionados con la
protección social y asistencial, o con la prestación de determinados servicios
ciudadanos que no interesan por la escasa o nula rentabilidad a la iniciativa
privada. Se ha iniciado un proceso de reestructuración o eliminación del Estado
del bienestar
.La
crisis aparece también en nuestro país,
aunque llega más tarde ya que
hasta la década de los 80
no existía un auténtico Estado del bienestar. Esto se puede observar en la
evolución de la ratio deuda pública-PIB que se duplicó en las dos últimas
décadas, siendo hoy cerca del 50%. Actualmente se pueden apreciar los efectos de
la crisis siendo “el
gasto social en España sólo un 20,6% del PIB (el promedio de la UE es un 27%),
porcentaje que ha ido disminuyendo desde 1993, cuando era un 24%. Este descenso
del porcentaje del PIB que se dedica al Estado del bienestar ha sido
consecuencia de un mayor crecimiento económico, con un crecimiento más rápido
del PIB, y también de un descenso de la tasa de paro, con lo cual ha habido una
disminución del seguro público de desempleo”
EL ESTADO BENEFACTOR EN DECLIVE Y SUS CONSECUENCIAS:
En el año 1982, inició la “década perdida”, se ha generalmente designado como el punto de partida del declive del Estado Benefactor. Suele olvidarse, sin embargo, que si la economía incontestablemente entró en crisis aguda a partir de ese año, no sucedió lo mismo con el Estado Benefactor, debido en gran parte a los esfuerzos del gobierno de Miguel de la Madrid para frenar el corte de los programas sociales existentes y hasta para emplearlos, como en el caso de la seguridad social, con el consecuente desmejoramiento generalizado en la calidad de los servicios y las condiciones de trabajo en el sector educativo y sanitario. Al mismo tiempo se “liberaron” los precios de los alimentos básicos, lo cual se repercute inmediatamente en niveles populares en el encarecimiento del costo de la vida.
El gasto social mexicano cayó de 179 dólares per cápita en 1982 a $124 para el año siguiente, y siguió descendiendo hasta 99 en 1986. El efecto de tales recortes fue intensificado ante la capacidad menor de la población para acudir a la medicina o la educación privada, como había sucedido en épocas más prósperas.
La política de descentralización de los servicios de salud y educacion hacia los estados y de incorporación de algunas clínicas del IMMS-Coplamar a la secretaria de salud, aunque intentava bajar costos resulto de momento mas costosa , dando como resultado inmediato un caos administrativo y mayores gastos para los usuarios.
No obstante la solemne proclamación en 1984 del derecho constitucional a la salud,los usuarios de servicios de la Secretaría de la Salud tenían que pagar la totalidad del las medicinas y de las consultas con cuotas de recuperación proporcionales a sus ingresos declarados. Con todo el daño, en los servicios públicos fue mucho menor que el de los salarios: de representar el 5.53% del PNB en 1980 bajó a 5.71, o sea una caída del 12.55%, modesta en comparación con la caída salarial de 57% durante el mismo periodo.
El gasto social mexicano cayó de 179 dólares per cápita en 1982 a $124 para el año siguiente, y siguió descendiendo hasta 99 en 1986. El efecto de tales recortes fue intensificado ante la capacidad menor de la población para acudir a la medicina o la educación privada, como había sucedido en épocas más prósperas.
La política de descentralización de los servicios de salud y educacion hacia los estados y de incorporación de algunas clínicas del IMMS-Coplamar a la secretaria de salud, aunque intentava bajar costos resulto de momento mas costosa , dando como resultado inmediato un caos administrativo y mayores gastos para los usuarios.
No obstante la solemne proclamación en 1984 del derecho constitucional a la salud,los usuarios de servicios de la Secretaría de la Salud tenían que pagar la totalidad del las medicinas y de las consultas con cuotas de recuperación proporcionales a sus ingresos declarados. Con todo el daño, en los servicios públicos fue mucho menor que el de los salarios: de representar el 5.53% del PNB en 1980 bajó a 5.71, o sea una caída del 12.55%, modesta en comparación con la caída salarial de 57% durante el mismo periodo.
Aunque no se llevó a cabo ninguna reforma en el sistema de jubilación durante el
gobierno de Miguel de laMadrid, las causas de su derrumbe financiero son directamente imputables a la crisis económica q empezó en 1982. Al no haber parcial mente una reserva, para los usos anteriores del fondo de pensiones, el IMSS funcionaba como un sistema de transferencia directa entre trabajadores y
jubilados. Al incrementarse la tasa de desocupación, disminuye automáticamente la capacidad de pago a los jubilados. Por añadidura, la misma maduración del sistema comenzó a significar, a partir de los años 80, que la relación entre incremento de aportantes e incremento de beneficios se fuera deteriorando:
Mientras que la tasa anual de crecimiento esperada de los pensionados era del orden del 5%, la de los nuevos aportantes no rebasaba el 3%: Así mismo, la relación entre activos y pasivos que había sido de 1 a 20 en 1969, había bajado de 1 a 11 en 1983 y de 1 a 7 para 1988, las prestaciones de jubilación cayeron en un 60%, por lo que el 85% de los pensionados reciben sólo el 35% del salario mínimo, hecho dramático en un momento en que este apenas alcanzaba para comprar el treinta por ciento de la canasta básica. Ante las protestas del Movimiento Nacional de Jubilados y Pensionados, se fijó el mínimo de las pensiones en 70% del salario mínimo en 1989, nivel que seguía insuficiente .
Al final del sexenio, la insatisfacción y las protestas públicas habían llegado a tal grado, que parecía posible
que el estado estuviera encaminado hacia una transformación profunda entre la posibilidad de la victoria electoral de la oposición, si ganaba la derecha (Partido de Acción Nacional) en el sentido de menos Estado Benefactor, o si ganaba la izquierda (Frente Democrático Nacional) en sentido contrario. Pero estas posibilidades quedaron postergadas al ser declarado vencedor Salinas de Gortari, candidato del PRI a pesar de las evidencias de fraude electoral. Para 1989, la crisis económica parecía controlada, por lo que podía esperarse un nuevo despegue del estado benefactor.
A finales de 1994 el sexenio salinista parecía haber consolidado la hegemonía del
PRI sobre bases nuevas, y apaciguando las protestas populares que habían
ensombrecido los sexenios presidenciales anteriores. Pero en 1994, la rebelión
Zapatista, el asesinato de Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia
para 1994-2000 y del secretario general del PRI, así como “el error de
diciembre” precipitaron otra crisis financiera gigantesca, echando abajo en unos
pocos meses el edificio complejo de estas estrategias políticas. Sin embargo, las elecciones tanto legislativas de 1991 como la presidencia de 1994 fueron ganadas por el PRI, a costa de algunas concesiones a los viejos actores corporativos por su colaboración en el esfuerzo electoral de sus afiliados.
Zedillo (1994-2000), último presidente de un régimen nacido en 1910, empezó su periodo
con una crisis financiera que requirió un rescate internacional de 50 mil millones de dólares, y sin fondos fuera de los ingresos normales para dar seguimiento al “neoliberalismo social” de su predecesor. Fue un presidente “social”, pero en el sentido de reducir el gasto en este rubro a través de la
focalización de la lucha contra la pobreza, y en general la reducción de los beneficios, tanto en los servicios de salud a población abierta como en la seguridad social.
El Programa de Reforma del Sector Salud ( Poder Ejecutivo Federal, 1996) formalizó la segmentación entre "población con capacidad de prepago"y los pobres sin capacidad de pago, para los cuales se
reconocía la responsabilidad del Estado. Éstos podrían acudir, como en el pasado, a los centros de salud para población abierta, pero solamente tendrán derecho a los servicios incluidos en un "Paquete Básico de Servicios de Salud" (PB) constituido por 12 intervenciones seleccionadas bajo el principio del peso
de la enfermedad y costo-efectividad.
Tras un intervalo de tres años sin ninguna acción contra la pobreza, el gobierno de Zedillo instituyó el Programa de Educación, Salud y Alimentación o Progresa, fijando la cobertura a 2.6 millones de familias en extrema pobreza una baja considerable con respecto a Pronasol, que según la línea de pobreza entonces
oficial alcanzaba aproximadamente a la mitad de la población en extrema pobreza estimada a 24.2 millones de personas en 2000. Se dirigió exclusivamente a la extrema pobreza rural, dejando fuera de cualquier protección estatal a los pobres urbanos, e inclusive desmantelando el subsidio a la tortilla y reparto de
leche de bajo costo a esta población que había existido desde los 1970s.
La reforma del IMSS que privatizó el sistema de pensión y abrió el sistema a los trabajadores no asalariados con capacidad de pago fue, más que una política social, una estrategia para sacar el país del marasmo económico . Con un sistema de capitalización, se esperaba crear un instrumento de captación del ahorro nacional confiable y lograr una mayor autonomía de la economía nacional con respecto a la inversión externa. Para sorpresa del equipo gubernamental, la propuesta de reforma que se presentó en la Cámara de Diputados en Septiembre de 1995, no se topó con la oposición del Congreso del Trabajo, sino con la del
sindicato del mismo IMSS y de los dos principales partidos de oposición.
PRI sobre bases nuevas, y apaciguando las protestas populares que habían
ensombrecido los sexenios presidenciales anteriores. Pero en 1994, la rebelión
Zapatista, el asesinato de Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia
para 1994-2000 y del secretario general del PRI, así como “el error de
diciembre” precipitaron otra crisis financiera gigantesca, echando abajo en unos
pocos meses el edificio complejo de estas estrategias políticas. Sin embargo, las elecciones tanto legislativas de 1991 como la presidencia de 1994 fueron ganadas por el PRI, a costa de algunas concesiones a los viejos actores corporativos por su colaboración en el esfuerzo electoral de sus afiliados.
Zedillo (1994-2000), último presidente de un régimen nacido en 1910, empezó su periodo
con una crisis financiera que requirió un rescate internacional de 50 mil millones de dólares, y sin fondos fuera de los ingresos normales para dar seguimiento al “neoliberalismo social” de su predecesor. Fue un presidente “social”, pero en el sentido de reducir el gasto en este rubro a través de la
focalización de la lucha contra la pobreza, y en general la reducción de los beneficios, tanto en los servicios de salud a población abierta como en la seguridad social.
El Programa de Reforma del Sector Salud ( Poder Ejecutivo Federal, 1996) formalizó la segmentación entre "población con capacidad de prepago"y los pobres sin capacidad de pago, para los cuales se
reconocía la responsabilidad del Estado. Éstos podrían acudir, como en el pasado, a los centros de salud para población abierta, pero solamente tendrán derecho a los servicios incluidos en un "Paquete Básico de Servicios de Salud" (PB) constituido por 12 intervenciones seleccionadas bajo el principio del peso
de la enfermedad y costo-efectividad.
Tras un intervalo de tres años sin ninguna acción contra la pobreza, el gobierno de Zedillo instituyó el Programa de Educación, Salud y Alimentación o Progresa, fijando la cobertura a 2.6 millones de familias en extrema pobreza una baja considerable con respecto a Pronasol, que según la línea de pobreza entonces
oficial alcanzaba aproximadamente a la mitad de la población en extrema pobreza estimada a 24.2 millones de personas en 2000. Se dirigió exclusivamente a la extrema pobreza rural, dejando fuera de cualquier protección estatal a los pobres urbanos, e inclusive desmantelando el subsidio a la tortilla y reparto de
leche de bajo costo a esta población que había existido desde los 1970s.
La reforma del IMSS que privatizó el sistema de pensión y abrió el sistema a los trabajadores no asalariados con capacidad de pago fue, más que una política social, una estrategia para sacar el país del marasmo económico . Con un sistema de capitalización, se esperaba crear un instrumento de captación del ahorro nacional confiable y lograr una mayor autonomía de la economía nacional con respecto a la inversión externa. Para sorpresa del equipo gubernamental, la propuesta de reforma que se presentó en la Cámara de Diputados en Septiembre de 1995, no se topó con la oposición del Congreso del Trabajo, sino con la del
sindicato del mismo IMSS y de los dos principales partidos de oposición.